Cuando existen menores o incapaces que no estén sujetos a patria potestad el ordenamiento jurídico ha creado tres instituciones de guarda y protección: la tutela, la curatela y el defensor judicial.
Por su parte, el defensor judicial interviene en aquellos casos en los que legalmente se presume que existe el riesgo de que las personas que ostentan la patria potestad, tutela o curatela, velen más por sus propios intereses que por los de aquellos a quienes protegen.

Por ello el defensor judicial es nombrado en los casos en los que existen conflictos de intereses entre el sometido a tutela, curatela o incluso patria potestad y el que ejerce ésta, por ello sus funciones son ostentar su representación o completar su capacidad.
También puede designarse un defensor judicial con carácter previo a que se proceda al nombramiento de un tutor o curador.
Esta figura de representación se rige por lo dispuesto para los tutores y curadores.
En todo caso, resulta conveniente acudir a un abogado para obtener asesoramiento sobre las particularidades de cada una de estas instituciones de protección legal en función del caso concreto.

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