En algunas ocasiones la situación de insolvencia puede constituir un delito y como tal perseguida por las Autoridades Judiciales ya que produce una falta de liquidez y solvencia y de este modo no hacer frente a las deudas contraídas.

Estas insolvencias punibles se producen cuando el deudor oculta sus bienes o los hace desaparecer intencionadamente, así como celebrando negocios que afecten a los bienes de los que dispone para de ese modo no tener que hacer frente a las deudas.
Las penas que implica las insolvencias punibles son las de prisión de 1 a 4 años y de 12 a 24 meses de multa.

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