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Hay pension compensatoria cuando rompes con tu pareja y eres pareja de hecho

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Mirar esta sentencia del Tribunal Supremo, que tiene su origen en el juzgado de Burgos

Jurisprudencia

Fecha: 12/09/2005
Marginal: 28079110012005100685
Jurisdicci贸n: Civil
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA
Origen: Tribunal Supremo
Tipo Resoluci贸n: Sentencia
Sala: Primera
Supuesto de Hecho: Ruptura unilateral de una pareja de hecho que ha tenido su domicilio en Burgos. No procede la imposici贸n de una compensaci贸n econ贸mica al conviviente.

Cabecera: Efectos indemnizatorios de la ruptura unilateral de una uni贸n de hecho. Inexistencia de normativa legal o convencional. Doctrina del enriquecimiento injusto. Alimentos: valoraci贸n de la cuant铆a: es facultad exclusiva de los Tribunales de instancia.

Resumen

Rota la convivencia de una pareja de hecho que hab铆a durado 19 a帽os, la conviviente demanda al que era su pareja solicitando la adopci贸n de medidas paterno filiales respecto del hijo menor de edad. En su demanda, la actora solicitaba asimismo que la sentencia declarase que entre los litigantes hab铆a existido una comunidad de los bienes adquiridos durante el tiempo que dur贸 la convivencia y la condena del demandado a efectuar las operaciones de partici贸n al 50%. Para el caso de no apreciarse la existencia del r茅gimen de comunidad de bienes, la demandante solicitaba la condena del demandado al pago de una indemnizaci贸n por el enriquecimiento sin causa del mismo. El demandado formula reconvenci贸n instando al juez para que acordase la atribuci贸n de la guarda y custodia del hijo menor a su padre, con la obligaci贸n de la madre de abonar cierta cantidad en concepto de alimentos. El juez de primera instancia, estimando parcialmente la demanda y la reconvenci贸n, atribuye la guarda y custodia del hijo a la madre, condena al padre a pagar una pensi贸n alimenticia de cuant铆a inferior a la solicitada, declara que no existe comunidad de bienes entre los litigantes, fija una indemnizaci贸n a favor de la actora, aunque de cuant铆a inferior a la reclamada y condena a la demandante a abandonar la vivienda propiedad del demandado. Esta sentencia es confirmada en grado de apelaci贸n. Interpuesto recurso de casaci贸n por el demandado, es estimado en parte, quedando casada y anulada la sentencia recurrida s贸lo en lo relativo a la indemnizaci贸n fijada e la sentencia de primera instancia, que fue confirmada en apelaci贸n por la ahora recurrida en casaci贸n. El Tribunal Supremo parte de la premisa de que la uni贸n de hecho es una instituci贸n que no tiene nada que ver con el matrimonio, aunque las dos est茅n dentro del derecho de familia. Es m谩s, -se帽ala el Alto Tribunal- hoy por hoy, con la existencia jur铆dica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la uni贸n de hecho est谩 formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias. Partiendo de esta consideraci贸n, el Tribunal Supremo afirma que debe huirse de la aplicaci贸n por «analog铆a legis» de normas propias del matrimonio como son los arts. 97, 96 y 98 CC, ya que tal aplicaci贸n comporta inevitablemente una penalizaci贸n de la libre ruptura de la pareja, y m谩s especialmente una penalizaci贸n al miembro de la uni贸n que no desea su continuidad.

Texto

Encabezamiento

N煤mero de Resoluci贸n:
611/2005

N煤mero de Recurso:
980/2002

Procedimiento:
CIVIL

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Septiembre de dos mil cinco.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida en pleno, e integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recurso de casaci贸n interpuesto por don Mauricio , representado por la Procuradora de los Tribunales do帽a Lydia Leyva Cavero, contra la sentencia dictada en grado de apelaci贸n con fecha 6 de febrero de 2002 por la Secci贸n Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, dimanante del juicio de menor cuant铆a seguido en el Juzgado de Primera Instancia n煤mero Cinco de los de Burgos. Son parte recurrida en el presente recurso do帽a Mar铆 Trini , representada por el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque, y el MINISTERIO FISCAL.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia N煤mero 5 de los de Burgos, conoci贸 el juicio de menor cuant铆a n潞 263/2000, seguido a instancia de D陋 Mar铆 Trini, contra D. Mauricio, sobre adopci贸n de medidas paterno filiales respecto del menor Ra煤l .

Por la representaci贸n procesal de D陋 Mar铆 Trini se formul贸 demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estim贸 de aplicaci贸n, para terminar suplicando al Juzgado: «…dictar sentencia en la que al reconocer la ruptura de la uni贸n paramatrimonial existente hasta ahora entre do帽a Mar铆 Trini y D. Mauricio se acuerde:
1潞.- Atribuir la guarda y custodia del menor Ra煤l a su madre Do帽a Mar铆 Trini .-
2潞.- Establecer la obligaci贸n de Don Mauricio de pasar mensualmente a su hijo en concepto de alimentos la cantidad mensual de 125.000 pts., cantidad que se incrementar谩 anualmente de acuerdo con el IPC u organismo que los sustituya, cantidad que se ingresar谩 dentro de los 5 primeros d铆as en la cuenta que indique la Sra. Mar铆 Trini .-
3潞.- Conceder el uso y disfrute de la vivienda que ha sido familiar sita en Quintanadue帽as C/ DIRECCION000 n潞 NUM000 al hijo Ra煤l y a su madre hasta que el mismo alcance 25 a帽os.-
4潞 Se proceda a la declaraci贸n de que entre Do帽a Mar铆 Trini Mauricio existi贸 desde 1.981 una uni贸n extramatrimonial y una comunidad de los bienes adquiridos durante este tiempo, participando cada uno de ellos en el cincuenta por ciento de las propiedades de los bienes muebles e inmuebles y en general sobre cualquier bien o derecho adquirido en el per铆odo de tiempo referenciado, y se declare disuelta la sociedad civil o comunidad, condenando al demandado a efectuar las operaciones de partici贸n al 50%, pudiendo hacerse la partici贸n en ejecuci贸n de sentencia.-

5潞.- Subsidiariamente para el supuesto, que no se espera, de que se entendiera que no ha existido un r茅gimen de comunidad de bienes, que se condene a Don Mauricio al pago a Do帽a Mar铆 Trini al pago de una indemnizaci贸n por el enriquecimiento del demandado sin causa, que se concretar谩 en atenci贸n del volumen de bienes, derechos y beneficios adquiridos durante los 19 a帽os de convivencia y que en principio se se帽alan en 70 millones de pesetas.-
6潞.- Subsidiariamente, y para el supuesto de que no procedan los pedimentos anteriores que se conceda a Do帽a Mar铆 Trini una indemnizaci贸n por 19 a帽os de convivencia y perjuicios que la ruptura la supone de 70 millones de pesetas a cargo de Don Mauricio .-
7潞.- Se condene en costas al demandado, si se opusiera a lo solicitado en esta demanda.».

Admitida a tr谩mite la demanda, por la representaci贸n procesal de la parte demandada don Mauricio , se contest贸 la misma, formulando a su vez reconvenci贸n, en la que terminaba suplicando al Juzgado, tras los hechos y fundamentos de derecho que estim贸 de aplicaci贸n: «…se dicte sentencia en la que se acuerde: Atribuir la guarda y custodia del hijo menor a Mauricio a su padre D. Mauricio .- Establecer la obligaci贸n de D帽a. Mar铆 Trini de abonar mensualmente y en concepto de alimentos la cantidad de 30.000 pts., cantidad que se actualizar谩 anualmente conforme a las variaciones que experimente el IPC.- Acordar que la Sra. Mar铆 Trini abandone de inmediato la vivienda propiedad de mi representado portando consigo todas sus pertenencias.».

Con fecha 7 de junio de 2001, el Juzgado dict贸 sentencia cuyo fallo dice: «Que estimando como estimo parcialmente la demanda principal interpuesta por la Procuradora Do帽a Elena Cobo de Guzm谩n Pis贸n, en nombre y representaci贸n de Do帽a Mar铆 Trini , contra Don Mauricio , representado por la Procuradora Do帽a Victoria Llorente Celorrio, debo declarar y declaro que no existe comunidad de bienes entre los litigantes sobre los bienes descritos en la demanda, y debo acordar y acuerdo:

a) Atribuir la guarda y custodia del hijo menor de edad de los litigantes Ra煤l a su madre, do帽a Mar铆 Trini , manteniendo ambos padres la Patria Potestad, fij谩ndose a favor del padre, don Mauricio , el derecho de visitas en los t茅rminos que fijen las partes y, en su defecto, podr谩 comunicarse con su hijo y tenerlo en su compa帽铆a en fines de semana alternos desde el viernes a las 20:00 horas hasta el domingo a las 20:00 horas; y la mitad de los periodos oficiales de vacaciones escolares (Navidad, Semana Santa y verano), eligiendo los a帽os pares el padre y los impares la madre.-

b) Se fija como pensi贸n alimenticia a favor del hijo menor de edad de los litigantes Ra煤l , a cargo del padre don Mauricio , la cantidad de setenta mil (70.000) pesetas mensuales, hasta que el hijo tenga independencia econ贸mica o cumpla los 26 a帽os; cantidad que se incrementar谩 anualmente de acuerdo con el IPC u organismo que lo sustituya, y que se ingresar谩 dentro de los cinco primeros d铆as de cada mes en la cuenta que indique la Sra. Mar铆 Trini ; los gastos ordinarios que excedan de dicha cantidad ser谩n atendidos por la madre y los gastos extraordinarios (estudios en el extranjero, operaciones quir煤rgicas, etc.) ser谩n abonados por partes iguales.-
c) Se fija como indemnizaci贸n a favor de do帽a Mar铆 Trini y a cargo de don Mauricio , una cantidad de diecinueve millones (19.000.000) de pesetas. Cantidad que devengar谩 el inter茅s del art. 921 L.E.Cv.-
d) Se consideran propiedad de do帽a Mar铆 Trini los muebles sitos en la vivienda de Quintanadue帽as por ella adquiridos y descritos en las facturas obrantes en autos y aportadas como documentos 38 a 55, que podr谩 retirar de la vivienda.-
f) Que se desestiman el resto de las peticiones del Suplico de la demanda.-
g) Todo ello sin expresa imposici贸n de costas.- Que estimando como estimo parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por la Procuradora Do帽a Victoria Llorente Celorrio, en nombre y representaci贸n de don Mauricio , contra Do帽a Mar铆 Trini , representada por la Procuradora Do帽a Elena Cobo de Guzm谩n Pis贸n, debo acordar y acuerdo: a) Que do帽a Mar铆 Trini deber谩 abandonar de inmediato la vivienda propiedad de don Mauricio sita en la C/ DIRECCION000 n潞 NUM000 de Quintanadue帽as (Burgos). Se consideran propiedad de don Mauricio los muebles descritos en las facturas aportados como documentos 116 y 117 de la contestaci贸n a la demanda.- b) Que se desestiman el resto de las peticiones del Suplico de la demanda reconvencional.- c) Todo ello sin expresa imposici贸n de costas.».

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelaci贸n contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Secci贸n Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, dict贸 sentencia en fecha 6 de febrero de 2002, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Desestimar los recursos de apelaci贸n, y confirmar la sentencia recurrida, con imposici贸n de las costas procesales, causadas en esta alzada, a las partes apelantes, correspondientes a sus respectivos recursos.».

TERCERO.- Por la Procuradora Sra. Leyva Cavero, en nombre y representaci贸n de D. Mauricio , se present贸 escrito de formalizaci贸n del recurso de casaci贸n ante la Audiencia Provincial de Burgos, con apoyo procesal en los siguientes motivos:

Primero: «Al amparo de lo dispuesto en el art. 477, n潞 1 de la L.E.C. por infracci贸n de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, conforme al n潞 2-2潞 del mismo precepto. Se entiende infringido el art. 142 del C贸digo Civil. Ello en relaci贸n con lo tambi茅n dispuesto en los arts. 142 a 148 del C贸digo Civil, ambos inclusive».

Segundo: «Al amparo de lo dispuesto en el art. 477, n潞 1 de la L.E.C. conforme al n潞 2-2潞 del mismo precepto. Se consideran infringidos por su aplicaci贸n indebida, los arts. 96, 97 y 1438, todos ellos del C贸digo Civil».

Tercero: «Al amparo de lo dispuesto en el art. 477.1 de la L.E.C., conforme al n潞 2-2潞 del mismo precepto. Se entiende infringido el art. 1887 del C贸digo Civil y de la jurisprudencia que le interpreta».

CUARTO.- Por Auto de esta Sala de fecha 18 de enero de 2005, se admite a tr谩mite el recurso y evacuado el traslado conferido, por la representaci贸n procesal del recurrido, se present贸 escrito de impugnaci贸n al mismo. Por el Ministerio Fiscal, se present贸 informe en el que no se opone a la admisi贸n del recurso.

QUINTO.- No habi茅ndose solicitado, por todas las partes personadas, la celebraci贸n de vista p煤blica, por la Sala se acord贸 se帽alar, para la votaci贸n y fallo del presente recurso, el d铆a veintiuno de julio del a帽o en curso, en el que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- El primer motivo del actual recurso de casaci贸n lo fundamenta la parte recurrente en el art铆culo 477-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque la sentencia recurrida ha infringido, seg煤n dicha parte, lo dispuesto en los art铆culos 142 a 148 del C贸digo Civil, y, a la vez, contradice lo dispuesto en las sentencias de esta Sala de 20 de octubre de 1924, 2 de marzo de 1967, 5 de junio de 1982 y 24 de febrero de 1989.

Este motivo debe ser desestimado.

En efecto, la sentencia de la Audiencia ha fijado una pensi贸n compensatoria a favor del hijo menor de los litigantes en la cantidad de 70.000 ptas. -420’71 euros-, hasta que el hijo tenga independencia econ贸mica o cumpla 25 a帽os, y concede el uso de la vivienda en que hab铆a vivido la pareja al recurrente Mauricio , y este recurrente quiere que se reduzca la cuant铆a a 30.000 ptas. -180 euros-.

Todo ello, en principio, no es posible alegarlo en casaci贸n, pues la valoraci贸n de la cuant铆a que se fija conforme al art铆culo 142 es facultad exclusiva de los Tribunales de Instancia y teniendo en cuenta los principios que est谩n en el art铆culo 146. Adem谩s, en el presente caso aunque el recurrente dice que la madre no contribuye a la alimentaci贸n del hijo, ello no es cierto, como se desprende del factum de la sentencia recurrida, pues la madre contribuye con la correspondiente atenci贸n en su casa, lo que de por s铆 revela una dedicaci贸n importante, que, si pudi茅ramos cuantificar econ贸micamente, supondr铆a m谩s de las 70.000 ptas. -420’71 euros-, y ello aunque el hijo sea mayor de 18 a帽os.

Item m谩s, como ya se ha dicho al principio, el juicio de proporcionalidad del art铆culo 146 del C贸digo Civil corresponde a los Tribunales que resuelven las instancias y no debe entrar en 茅l el Tribunal Supremo, a no ser que se haya vulnerado claramente el mismo o no se haya razonado l贸gicamente con arreglo a la regla del art铆culo 146, cosa que en el presente supuesto no ocurre, por lo que el motivo, se repite, debe ser desestimado.

Y en este sentido hay que destacar la jurisprudencia de esta Sala, absolutamente superadora de la esgrimida por la parte recurrente. As铆, la que determina que la atribuci贸n de la pensi贸n alimenticia a favor de un hijo es una secuela de la declaraci贸n de paternidad y, de otro, de la entidad econ贸mica de la misma, y su fijaci贸n o mensura, entra de lleno en el espacio de los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad, que constituyen materia reservada a la soberan铆a del Tribunal de instancia y, por consiguiente, no puede ser objeto del recurso de casaci贸n -por todas las sentencias de 5 de octubre de 1.993 y 3 de diciembre de 1.996-.

SEGUNDO.- Por razones de l贸gica y simplificaci贸n procesal ser谩 procedente el estudio conjunto de los motivos segundo y tercero del actual recurso de casaci贸n. Ambos los fundamenta la parte recurrente en el art铆culo 477-1 y 2-2潞 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en raz贸n, y seg煤n opini贸n de dicha parte, de que en la sentencia recurrida se han infringido los art铆culos 96, 97 y 1438, todos del C贸digo Civil -segundo motivo-; as铆 como el art铆culo 1887 de dicho C贸digo -tercer motivo-.

Ambos motivos, estudiados de consuno, deben ser estimados, con las consecuencias que m谩s tarde se dir谩n.

Pero, ahora bien, para un mejor entendimiento de la cuesti贸n planteada no s贸lo en estos motivos, sino tambi茅n de la actual contienda judicial, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Las uniones de hecho, uniones estables de pareja o uniones de «more uxorio», y m谩s en particular el fen贸meno de su extinci贸n por muerte de uno de sus miembros, por la voluntad concorde de ambos o por la decisi贸n unilateral de uno solo de ellos, tiene que partir para su regulaci贸n y la mensura de sus consecuencias de dos principios esenciales, como son:

a’) Uno, de rango constitucional, como es la libertad como valor superior del ordenamiento jur铆dico – art铆culo 1-1 de la Constituci贸n-, que obliga a los poderes p煤blicos a promover las condiciones para su realidad y efectividad -art铆culo 9-2 de la Constituci贸n-, y justifica que el T铆tulo relativo a los derechos y deberes fundamentales tenga como p贸rtico la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los dem谩s -art铆culo 10-1 de la Constituci贸n-. b’) Y otro de legalidad ordinaria, y para ello hay que traer a colaci贸n todas las leyes auton贸micas – es ahora cuando se echa en falta una regulaci贸n general estatal.

Dicha regulaci贸n emanada del derecho auton贸mico est谩 constituida por un conjunto de normas que concretamente se han dado once Comunidades Aut贸nomas, y que se especificar谩n m谩s adelante.

Dicho todo lo anterior, es preciso adentrarse en el n煤cleo de la actual contienda judicial;, por ello, y en principio, es preciso tener en cuenta los siguientes datos:

1潞.- Que la uni贸n de hecho en cuesti贸n ha tenido su domicilio en Quintanadue帽as, municipio de la provincia de Burgos, y por ende dentro de la Comunidad Aut贸noma de Castilla-Le贸n. Comunidad que no ha promulgado Ley alguna sobre tales uniones.

2潞.- La ausencia de pacto configurado por las dos partes de este proceso y conformantes de la uni贸n de hecho en cuesti贸n, y con base en el art铆culo 1255 del C贸digo Civil

3潞.- Por ello, para dar una respuesta favorable o no, a la pretensi贸n indemnizatoria que ha formulado la parte antes demandante y ahora recurrida en casaci贸n, habr谩n de tenerse muy en cuenta unas premisas fundamentales, derivadas de la jurisprudencia constitucional y de esta Sala, de la doctrina cient铆fica y del derecho comparado.

En esta 煤ltimo sentido, y para el estudio de las pretensiones indemnizatorias en el caso de ruptura unilateral o no de una uni贸n de hecho, y a falta de una normativa legal o convencional -como ocurre en el presente caso-, hay que traer, antes de nada, a colaci贸n las siguientes posiciones:

a) Las que tienen como principio la regla general de negar efecto econ贸mico alguno a favor de uno de los miembros de la pareja para el caso de ruptura. Los efectos econ贸micos ser谩n 煤nicamente, en su caso, los que los propios miembros de la pareja hayan previsto mediante pacto, con la misma libertad con la que decidieron unirse y con los l铆mites generales del art. 1255 CC. En definitiva, a falta de pacto entre los miembros de la uni贸n, cada uno asume las consecuencias econ贸micas de la ruptura, porque, si libre fue la uni贸n, igualmente libre tiene que ser la ruptura para cualquiera de ellos.

Sentando esta doctrina general, se fomentar铆a con ella la madurez y autorresponsabilidad en la toma de decisiones y se afrontar铆a una realidad social huyendo de soluciones paternalistas y de principios generales f谩ciles en su formulaci贸n, pero de muy dif铆cil fundamentaci贸n constitucional y legal, por no decir francamente inconstitucionales e ilegales. Cuando se afirma como principio general en esta materia el de favorecer al miembro «m谩s desprotegido», se omite preguntarse: 驴 m谩s desprotegido por qu茅 o por qui茅n? Dicho de otra forma, si la «protecci贸n» en la que se est谩 pensando es la que brinda el r茅gimen jur铆dico del matrimonio y este r茅gimen se excluy贸 consciente y voluntariamente, 驴d贸nde est谩 la «desprotecci贸n» que jur铆dicamente haya que remediar?

b) Tambi茅n hay que tener en cuenta las posiciones que se basan en la anterior postura, pero que, sin embargo, afirman que todo lo antedicho no excluye, evidentemente, el reconocimiento de efectos jur铆dicos de la ruptura unilateral de las uniones de hecho. Pero ser谩n efectos jur铆dicos derivados o propios de la instituci贸n que en cada caso proceda y no precisamente del matrimonio. As铆, en la actualidad es frecuente la adquisici贸n de vivienda en proindiviso, incluso por personas que piensan contraer matrimonio en un futuro m谩s o menos pr贸ximo, y en tal caso lo procedente ser谩 aplicar las reglas de la disoluci贸n de la comunidad de bienes o «divisi贸n de la cosa com煤n», seg煤n los arts. 400 y siguientes del C贸digo Civil. No es descartable tampoco que puedan darse casos de aut茅ntico enriquecimiento injusto o sin causa, pero esa falta de causa nunca podr谩 identificarse con la libre decisi贸n de unirse a otra persona sin casarse y formar una relaci贸n de convivencia de m煤ltiples variables. Finalmente, no cabe excluir radicalmente la aplicabilidad del art. 1902 CC., pero siempre exigiendo la plena concurrencia de todos sus requisitos, y, naturalmente, rechazando que la simple decisi贸n de ruptura, a煤n sin causa alguna, constituye culpa o negligencia determinante de un deber de indemnizar, pues en tal caso se estar铆a creando algo muy parecido a la indisolubilidad de la uni贸n de hecho o a su disolubilidad solamente previo pago.

c) Por 煤ltimo, las posiciones que permiten en general la posibilidad de reclamaci贸n indemnizatoria, con fundamento en la fuerza expansiva de la norma, lo que permitir谩 la aplicaci贸n de los art铆culos 96, 97 y 1438 del C贸digo Civil, a trav茅s de la analog铆a existente entre el matrimonio y las uniones de hecho como instituciones comprendidas dentro del derecho de familia.

De todo lo anterior se infiere que la doctrina cient铆fica moderna parte de la base de afirmar que la ruptura de la relaci贸n puede generar perjuicios a uno de los miembros de la pareja.

Sin embargo, tambi茅n tiene en cuenta que, del mismo modo que la pareja comenz贸 la convivencia libremente, tambi茅n la ruptura debe ser libre.

As铆, con car谩cter general se afirma que la ruptura de la uni贸n de hecho no implica el deber de indemnizar los perjuicios derivados de la misma, ya que los convivientes han aceptado crear una uni贸n al margen del matrimonio legalmente establecido, que s铆 crea derechos y obligaciones durante su vigencia as铆 como al t茅rmino de la misma.

Y admite, en todo el supuesto, el pacto para la determinaci贸n del resarcimiento econ贸mico en caso de ruptura de la convivencia de la uni贸n de hecho.

Pero, en general, considera que la figura de la acci贸n de enriquecimiento injusto puede, en la pr谩ctica, ser v铆a adecuada para la obtenci贸n de indemnizaciones a la ruptura de la uni贸n de hecho, siempre que concurran los requisitos que la jurisprudencia tiene delimitados para que juegue la misma.

Es ahora el momento de traer a colaci贸n la jurisprudencia de esta Sala sobre el tema que aparece sint茅ticamente recogida en la sentencia de 17 de junio de 2003, cuando dice que las uniones «more uxorio», cada vez m谩s numerosas, constituyen una realidad social, que, cuando re煤nen determinados requisitos -constituci贸n voluntaria, estabilidad, permanencia en el tiempo, con apariencia p煤blica de comunidad de vida similar a la matrimonial- han merecido el reconocimiento como una modalidad de familia, aunque sin equivalencia con el matrimonio, por lo que no cabe trasponerle el r茅gimen jur铆dico de 茅ste, salvo en algunos de sus aspectos. La conciencia de los miembros de la uni贸n de operar fuera del r茅gimen jur铆dico del matrimonio no es raz贸n suficiente para que se desatiendan las importantes consecuencias que se pueden producir en determinados supuestos, entre ellos el de la extinci贸n. La relevancia del problema se ha dejado sentir en la actuaci贸n de los Tribunales (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, y restantes de la organizaci贸n judicial), y tambi茅n ha incidido en el campo legislativo, muy puntualmente en lo que hace referencia a la legislaci贸n estatal, y con mayor intensidad, aunque condicionada por las respectivas posibilidades legislativas, en la legislaci贸n auton贸mica, que ha realizado un destacado esfuerzo por acomodar el ordenamiento jur铆dico a la realidad social. Y en este sentido procede citar la Ley 10/1.998, de 15 de julio, de Catalunya sobre Uniones Estables de Pareja; la Ley 6/1.999, de 26 de marzo, de Arag贸n sobre Parejas Estables no casadas; la Ley Foral Navarra 6/2.000, de 3 de julio, para la Igualdad Jur铆dica de las Parejas Estables; la Ley 1/2.001, de 6 de abril, de la Comunidad Valenciana por la que se regulan las Uniones de Hecho; la Ley 18/2.001, de 19 de diciembre, de Les Illes Balears, de Parejas Estables; la Ley 11/2.001, de 19 de diciembre, de la Comunidad de Madrid, sobre Uniones de Hecho; la Ley 4/2.002, de 23 de mayo, de Asturias, de Parejas Estables; la Ley 5/2.002, de 16 de diciembre, de Andaluc铆a, de Parejas de Hecho; la Ley 5/2.003, de 6 de marzo, de Canarias, de Parejas de Hecho; y la Ley 5/2.003, de 20 de marzo, de Extremadura, sobre Parejas de Hecho. -Hay que a帽adir que, despu茅s de la fecha de dicha sentencia, ha entrado en vigor la Ley reguladora de las Parejas de Hecho de Cantabria, Ley 1/2005, de 16 de mayo-. Es de significar que algunas de estas Leyes reconocen derechos para el caso de extinci贸n de la uni贸n por muerte de uno de los miembros de la pareja, e incluso (como en el caso de las Leyes de Navarra y de las Islas Baleares) se atribuyen derechos sucesorios con equiparaci贸n al c贸nyuge viudo, siendo tambi茅n de resaltar la aplicaci贸n que realiza la Ley extreme帽a (art. 7), de la doctrina del enriquecimiento injusto previendo la posibilidad de una compensaci贸n econ贸mica en favor del conviviente perjudicado que, sin retribuci贸n o con retribuci贸n insuficiente, haya trabajado para el hogar com煤n o para el otro conviviente.

La falta de una normativa positiva concreta para los casos de extinci贸n de la uni贸n «more uxorio» ha dado lugar a una jurisprudencia dis铆mil, salvo en la admisibilidad general de los pactos expresos, o t谩citos («falta concludentia»), con acogimiento de soluciones de comunidad de bienes (ad ex. Sentencia 4 junio 1.998) o de sociedad irregular (ad ex. Sentencias 18 mayo 1.992, 18 febrero 1.993, 18 marzo 1.995), que ha efectuado un notorio esfuerzo para proporcionar remedio jur铆dico a las peculiaridades casu铆sticas, lo que ha dado lugar a diversas soluciones, no necesariamente re帽idas entre s铆. Y en tal sentido, dejando a un lado admisiones hipot茅ticas (Sentencias 27 mayo, 20 octubre y 24 noviembre 1.994), son de destacar las Sentencias de 13 de junio de 1.986, que aplica el principio de la buena fe y la sanci贸n del abuso del derecho, en sinton铆a con una interpretaci贸n acorde con la realidad social; 11 de diciembre de 1.992, que aplic贸 la doctrina del enriquecimiento injusto; 16 de diciembre de 1.996, indemnizaci贸n de da帽os y perjuicios del art. 1.902 CC, en atenci贸n a que hubo promesa de matrimonio; y aplicaci贸n anal贸gica del art. 96 en relaci贸n con el 4潞.1, ambos del C贸digo Civil, por lo que respecta al uso de la vivienda familiar; 10 de marzo de 1.998, principio de protecci贸n del conviviente m谩s d茅bil, que tambi茅n se menciona en la de 27 de marzo de 2.001, y se ratifica en la de 17 de enero de 2.003; 27 de marzo de 2.001, que alude a las doctrinas del enriquecimiento injusto, aplicaci贸n anal贸gica de pensi贸n compensatoria del art. 97 CC y principio de protecci贸n del conviviente perjudicado; y 5 de julio de 2.001 y 16 de julio de 2.001, sobre aplicaci贸n anal贸gica del art. 97 CC.

En conclusi贸n y como ep铆tome, se puede decir que en el criterio jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo en materia de compensaci贸n econ贸mica no pactada en la ruptura de las parejas de hecho, se puede constatar que la t茅cnica m谩s utilizada es la de la doctrina del enriquecimiento injusto, seguida por la de protecci贸n del conviviente m谩s perjudicado por la situaci贸n de hecho, m谩s tarde la de la aplicaci贸n anal贸gica del art铆culo 97 del C贸digo Civil, y por la de la teor铆a de la responsabilidad civil extracontractual, y por 煤ltimo la de disoluci贸n de la sociedad civil irregular o comunidad de bienes.

En cuanto al Tribunal Constitucional, es constatable que, a falta de un pronunciamiento expreso sobre el tema debatido, ha dictado resoluciones que se pueden encajar en dos grupos, uno en el que se reconocen derechos en materia de arrendamientos urbanos e indemnizatorios (SSTC 6/1993, 47/1993, 155/1998 y 180/2001), y un segundo grupo que rechaza la equiparaci贸n en materia de pensiones (SSTC 66/1994, 222/1994, 39/1998, 47/2001, 77/2004 y 174/2004).

En el 谩mbito del derecho comparado, en general se puede decir que la regulaci贸n de las uniones de hecho se circunscribe a las parejas de hecho homosexuales, y as铆, Ley danesa, de 7 de junio de 1989 sobre «Registro de Parejas de Hecho homosexuales», equiparada al matrimonio heterosexual. Ley noruega, de 1 de agosto de 1993, sobre «Registro de Parejas de Hecho homosexuales», equiparada al matrimonio heterosexual. Ley sueca, de 23 de junio de 1994, sobre «Registro de Parejas de Hecho homosexuales», equiparada al matrimonio heterosexual. Ley holandesa, de 1 de enero de 1998, sobre «Uniones Civiles» -Registro de Parejas de Hecho homosexuales, equiparada al matrimonio heterosexual-. Pero hay leyes que pr谩cticamente equiparan la uni贸n de hecho al matrimonio; as铆, la Ley belga, «Loi instaurant la cohabitacion legale», de 23 de noviembre de 1998-, que se remite al art铆culo 1253 del Code judiciare. La Ley francesa, «Loi sur pacte civil de solidarit茅 et du concubinage» de 13 de octubre de 1999. La Ley alemana, «Ley de Parejas de hecho» de 1 de agosto de 2001.

TERCERO.- Dicho todo lo anterior como proleg贸meno indispensable, es ya el momento de entrar en el estudio del planteamiento jur铆dico de los motivos casacionales del actual recurso.

Y aunque el actual recurso no se haya planteado por el cauce del inter茅s casacional, sino a trav茅s de lo establecido en el art铆culo 477-2-2潞, es decir por la cuant铆a del asunto, se puede aprovechar el «liquet» para dar a entender lo que esta Sala considera apropiado para resolver en general el problema de la posibilidad de indemnizar para el caso de ruptura de una uni贸n de hecho. Ya que, aunque el Tribunal Supremo no es un legislador, tiene la obligaci贸n de solucionar el caso planteado sobre estas bases: no igualdad entre las situaciones, y aplicaci贸n de los instrumentos adecuados. Todo ello sin perjuicio, como es l贸gico, de subsumir los hechos de este proceso, en la doctrina jurisprudencial mencionada.

Esta doctrina ha de partir de dos supuestos imprescindibles, como son: la ausencia de una norma espec铆fica legal, y la ausencia de un pacto establecido por los miembros de una uni贸n de hecho, con base en la autonom铆a de la voluntad negociadora establecida en el art铆culo 1255 del C贸digo Civil.

Sentado lo anterior, es preciso proclamar que la uni贸n de hecho es una instituci贸n que no tiene nada que ver con el matrimonio -Sentencia del Tribunal Constitucional 184/1990 y la 222/92, por todas-, aunque las dos est茅n dentro del derecho de familia. Es m谩s, hoy por hoy, con la existencia jur铆dica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la uni贸n de hecho est谩 formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencias.

Por ello debe huirse de la aplicaci贸n por «analog铆a legis» de normas propias del matrimonio como son los arts. 97, 96 y 98 CC, ya que tal aplicaci贸n comporta inevitablemente una penalizaci贸n de la libre ruptura de la pareja, y m谩s especialmente una penalizaci贸n al miembro de la uni贸n que no desea su continuidad. Apenas cabe imaginar nada m谩s parad贸jico que imponer una compensaci贸n econ贸mica por la ruptura a quien precisamente nunca quiso acogerse al r茅gimen jur铆dico que prev茅 dicha compensaci贸n para el caso de ruptura del matrimonio por separaci贸n o divorcio.

Ahora bien, todo lo anterior, no debe excluirse cuando proceda la aplicaci贸n del derecho resarcitorio, para los casos en que pueda darse un desequilibrio no querido ni buscado, en los supuestos de una disoluci贸n de una uni贸n de hecho.

En otras palabras, determinar si, en los casos de ruptura de una uni贸n de hecho, sea por consenso o por decisi贸n unilateral, se puede derivar una compensaci贸n o una indemnizaci贸n.

Pues bien, dentro del 谩mbito del derecho resarcitorio y dada la ausencia de norma concreta que regule la cuesti贸n actual, habr谩 que recurrir a la t茅cnica de «la analog铆a iuris», o sea no partir para la aplicaci贸n anal贸gica de una sola norma, ni proceder de lo particular a lo particular, sino que, partiendo de una serie o conjunto de normas, tratar de deducir de ellas un principio general del Derecho. En conclusi贸n, que hay que entender la «analog铆a iuris» como un mecanismo de obtenci贸n y de aplicaci贸n de los principios generales del Derecho. O dicho con otras palabras, esta «analog铆a iuris» -la «Rechtsanalogie» del B.G.B.- parte de un conjunto de preceptos, de los que extrae, por inducci贸n, su principio inspirador y lo aplica al caso no regulado.

Todo ello lleva ineludiblemente a la aplicaci贸n, para resolver tal problema fundamentado en la disoluci贸n de una uni贸n de hecho, al principio general del derecho -art铆culo 1-1 del C贸digo Civil- y a la figura del enriquecimiento injusto recogida en el art铆culo 10-9 y en el art铆culo 1887, ambos de dicho C贸digo, que siempre servir谩 como «cl谩usula de cierre» para resolver la cuesti贸n.

Pues la compensaci贸n que se puede conceder en los supuestos de ruptura requiere b谩sicamente que se produzca un desequilibrio, que se mide en relaci贸n con el otro c贸nyuge y que implica un empeoramiento en relaci贸n con la situaci贸n anterior. Estos rasgos definitorios de la base o causa de la compensaci贸n, 驴hasta qu茅 punto son proyectables sobre una convivencia «more uxorio» en la que, por hip贸tesis, ni un c贸nyuge ni el otro se obligaron o vincularon a una vida en com煤n? Habr谩 que estar, como ya se ha dicho, al supuesto, a la existencia de pactos, promesas o la creaci贸n y el sostenimiento de situaciones de facto de las que, por la v铆a de los «facta concludentia» se pueda deducir que hubo ese proyecto de vida en com煤n y que se ha producido lo que se denomina la «p茅rdida de oportunidad», que ser铆a, aqu铆, el factor de soporte que vendr铆a de alg煤n modo a sustituir al concepto de «empeoramiento» que ha de calificar el desequilibrio.

Y as铆, lo recogen sentencias de esta Sala, de 13 de diciembre de 1991 y 4 de junio de 1993.

Y en concreto la ya mencionada de 17 de junio de 2003, que afirma «se desprende una situaci贸n de enriquecimiento injusto. Esta situaci贸n tiene lugar cuando se ha producido un resultado por virtud del cual una persona se enriquece a expensas de otra que, correlativamente, se empobrece careciendo de justificaci贸n o de causa (base) que lo legitime, de tal manera que surge una obligaci贸n cuya prestaci贸n tiende a eliminar el beneficio del enriquecimiento indebido («in quantum locupletiores sunt»). El enriquecimiento, como ya advierte la mejor doctrina, se produce, no solo cuando hay un aumento del patrimonio, o la recepci贸n de un desplazamiento patrimonial, sino tambi茅n por una no disminuci贸n del patrimonio («damnum cessans»). El empobrecimiento no tiene porqu茅 consistir siempre en el desprendimiento de valores patrimoniales, pues lo puede constituir la p茅rdida de expectativas y el abandono de la actividad en beneficio propio por la dedicaci贸n en beneficio de otro. La correlaci贸n entre ambos es la medida en que uno determina el otro, y la falta de causa no es otra cosa que la carencia de raz贸n jur铆dica que fundamente la situaci贸n. La causa (en el sentido de < > o < > suficiente) no es, desde el punto de vista jur铆dico, otra cosa -como sostiene un importante sector doctrinal- que un concepto-v谩lvula para poder introducir elementos de car谩cter valorativo, y decidir de tal manera acerca de la justificaci贸n, o falta de la misma, en un supuesto determinado. Una excesiva generalizaci贸n de la doctrina del enriquecimiento injusto puede crear riesgos para la seguridad jur铆dica, pero su aplicaci贸n a supuestos concretos y a concretos intereses, otorgando en favor de un sujeto concreto una acci贸n de restituci贸n constituye un postulado de justicia insoslayable.»

CUARTO.- Deben traerse ahora a colaci贸n los datos f谩cticos obrantes en autos y no controvertidos, los cuales no suponen ni de lejos efectuar una hermen茅utica distinta a la realizada y recogida en la sentencia recurrida.

Dicha «facta» est谩 constituida por los siguientes datos:

1潞.- Que Mauricio tiene 52 a帽os y Mar铆 Trini 51.

2潞.- Que Mar铆 Trini es funcionaria, con la categor铆a de ordenanza, de la Junta de Castilla-Le贸n, y que percibe una pensi贸n de un Estado extranjero.

3潞.- Que los dos, al constituir la uni贸n de hecho, no estaban sujetos a v铆nculo matrimonial alguno.

4潞.- Que la convivencia ha durado 19 a帽os, y que durante la misma convivieron con los dos hijos habidos por Mar铆 Trini con anterioridad a la constituci贸n de la uni贸n de hecho, y con el habido con Mauricio .

De todo ello se infiere que la mujer, en raz贸n a la convivencia, no ha perdido un puesto de trabajo, ni ha visto disminuidas sus retribuciones. Que tampoco sufre de minusval铆a o enfermedad alguna. Y que incluso aport贸 a la comunidad la carga del cuidado y educaci贸n de dos hijos, provenientes de su matrimonio.

As铆, en el presente caso no se puede hablar de un empobrecimiento de la parte actora, y si la parte demandada ha visto aumentado su patrimonio de una manera moderada es debido al acierto en el desenvolvimiento de su actividad -un servicio de ambulancias-. Y tampoco se puede hablar de una causa que fundamente la situaci贸n econ贸mica antedicha.

En conclusi贸n, que en el presente caso, ni por la t茅cnica del enriquecimiento injusto -que se admite como base gen茅rica para determinar una indemnizaci贸n en una disoluci贸n de una uni贸n de hecho-, ni por la fuerza expansiva del derecho que permite la aplicaci贸n del art铆culo 97 del C贸digo Civil -que no se admite como tal base gen茅rica-, puede estimarse la pretensi贸n indemnizatoria de la parte actora, por lo que procede asumiendo esta Sala la instancia, absolver de la petici贸n de indemnizaci贸n realizada por la misma frente a la parte ahora recurrente.

QUINTO.- En materia de costas procesales, no se har谩 expresa imposici贸n de las mismas ni en la primera instancia, ni en la apelaci贸n, ni en este recurso; todo ello a tenor de lo dispuesto en los art铆culo 394, 397 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espa帽ol

Fallo

Que debemos acordar lo siguiente:

1潞.- Estimar en parte el recurso de casaci贸n interpuesto por don Mauricio frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Burgos, de fecha 6 de febrero de 2.002.

2潞.- Casar y anular la misma, pero s贸lo en lo relativo a la indemnizaci贸n fijada en el apartado c) de la sentencia de primera Instancia que fue confirmada en apelaci贸n por la ahora recurrida en casaci贸n.

3潞.- No hacer expresa imposici贸n de las costas procesales de la primera instancia, de la apelaci贸n, y de este recurso.

Exp铆dase la correspondiente certificaci贸n a la referida Audiencia Provincial, con remisi贸n de los autos y rollo de Sala en su d铆a enviados.

As铆 por esta nuestra sentencia, que se insertar谩 en la COLECCI脫N LEGISLATIVA pas谩ndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Juan Antonio Xiol R铆os.- Rom谩n Garc铆a Varela.- Xavier O’Callaghan Mu帽oz.- Jes煤s Corbal Fern谩ndez.- Francisco Mar铆n Cast谩n.- Jos茅 Ram贸n Ferr谩ndiz Gabriel.- Vicente Luis Mont茅s Penad茅s.- Encarnaci贸n Roca Tr铆as.- Jos茅 Antonio Seijas Quintana.- Antonio Salas Carceller.- Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.- Firmado.- Rubricado.-

Voto

VOTO PARTICULAR

FECHA:12/09/2005

Que formula el Magistrado Excmo. Sr. D. Xavier O?Callaghan Mu帽oz

El Magistrado que suscribe formula el siguiente voto particular, al amparo de lo previsto en el art铆culo 260 de la ley Org谩nica del Poder Judicial y 205 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciendo constar expresamente su absoluto respeto al criterio mayoritario de la Sala.

Se aceptan expresamente los ANTECEDENTES DE HECHO y el FUNDAMENTO DE DERECHO primero de la sentencia de la que se disiente.

La esencia de este

Voto Particular

VOTO PARTICULAR se centra en la negativa a conceder la indemnizaci贸n reclamada por la mujer, en uni贸n de hecho, que hab铆a sido estimada por la sentencia de instancia, casada por la presente.

PRIMERO.- Respecto a las uniones de hecho, la doctrina jurisprudencial, complementando el ordenamiento jur铆dico (art铆culo 1.6 del C贸digo civil) en este tema, carente de toda normativa en la Comunidad de Madrid, ha sido reiterada y ha mantenido una unidad de criterio en su esencia, con divergencias en sus matices. Siempre se ha enfrentado al caso de pareja heterosexual, en convivencia estable, sin mediar parentesco y, en definitiva, al supuesto de uni贸n an谩loga al matrimonio que no ha pasado por la forma solemne, ad substantiam, de celebraci贸n. Ante ello, ha negado que hubiera vac铆o legal pese a la carencia de normativa espec铆fica (sentencias desde la de 18 de mayo de 1992, pasando por la de 10 de marzo de 1998, hasta la de 17 de enero de 2003), ha declarado no aplicables las normas del r茅gimen econ贸mico-matrimonial (sentencia de 4 de marzo de 1997 que lo dice como fundamento del fallo, entre otras muchas, como la citada de 17 de enero de 2003) y, siempre, reiteradamente, ha buscado evitar el perjuicio injusto y proteger al que aparezca perjudicado (sentencias de 10 de marzo de 1998, 27 de marzo de 2001, 17 de enero de 2003, 23 de noviembre de 2004) en el sentido de que una persona, tras una larga convivencia, no puede quedar apartada de todo beneficio econ贸mico o aumento patrimonial que se haya producido durante la misma; en otras palabras, a la inversa: tras la convivencia, no puede uno de los convivientes retener para s铆 todo beneficio o aumento del patrimonio, que se ha producido. En ning煤n caso se admite que se valoren las aportaciones econ贸micas de cada uno, ya que no puede desconocerse la realidad del valor del trabajo dom茅stico y dedicaci贸n a la familia que ha realizado uno de ellos. Aqu铆 est谩 el quid de la cuesti贸n: los temas que han llegado a casaci贸n no son otros que las consecuencias que produce para uno de ellos la ruptura de la relaci贸n; y 茅ste «uno de ellos» siempre ha sido la mujer, por lo menos hasta ahora.

SEGUNDO.- Siguiendo esta doctrina, esta Sala ha concedido indemnizaci贸n fundada en la responsabilidad extracontractual ex art铆culo 1902 del C贸digo civil (sentencia de 16 de diciembre de 1996), o en la pensi贸n compensatoria aplicando anal贸gicamente el art铆culo 97 del mismo c贸digo (sentencias de 5 de julio de 2001 y 16 de julio de 2002), o entendiendo que medi贸 una comunidad (sentencias de 18 de mayo de 1992, 18 de febrero de 1993, 29 de octubre de 1997) o en la doctrina del enriquecimiento injusto (sentencias de 11 de diciembre de 1992 y 27 de marzo de 2001) o bien relacion谩ndola con el principio general del derecho de protecci贸n del perjudicado y evitar el perjuicio injusto (sentencias de 17 de enero de 2003, 17 de junio de 2003 y 23 de noviembre de 2004).

Tambi茅n se ha reconocido la validez de los pactos expresos o t谩citos sobre las relaciones entre los convivientes, en especial los pactos relativos a la formaci贸n de una comunidad de bienes, lo que no es el caso presente, en que si los hubiera, no habr铆a problema.

TERCERO- En 茅ste, analizando, como hace la sentencia de la que se disiente, los motivos segundo y tercero conjuntamente, no aparece infracci贸n de los art铆culos 96, 97 y 1438 (que denuncia el motivo segundo) ni del art铆culo 1897 del C贸digo civil (motivo tercero), que no han sido aplicados directamente, sino que de ellos se ha deducido el principio general de «protecci贸n del conviviente m谩s perjudicado» (lo dicen las dos sentencias de instancia), ya que su «contribuci贸n, muy prolongada en el tiempo, pues ha durado 19 a帽os, tiene que tener una valoraci贸n econ贸mica cuando esta situaci贸n de estabilidad a la que la demandante ha contribuido eficientemente se ha roto por finalizaci贸n de la convivencia entre los litigantes» (sentencia de primera instancia, fundamento segundo), «lo que crea razones de justicia y equidad para indemnizar a la persona que se ha dedicado en una manera m谩s singular e intensa a la familia, en perjuicio de su promoci贸n personal y profesional» (sentencia de segunda instancia, fundamento sexto, in fine).

Se deben aceptar estos pronunciamientos. La demandante en la instancia y parte recurrida en casaci贸n, la mujer en la uni贸n de hecho, debe recibir una compensaci贸n econ贸mica que no la deje apartada del beneficio econ贸mico y aumento patrimonial producido durante la larga convivencia; no se trata, pues, de si ella ha hecho aportaciones econ贸micas o si ha sufrido un empobrecimiento, sino que aquella convivencia en la ha habido importantes aumentos patrimoniales y a la que ella ha dedicado su trabajo y atenci贸n en el hogar, no la deje al margen de todo el beneficio econ贸mico para quedar exclusivamente para la otra parte conviviente Y ello se basa en el principio general de protecci贸n al perjudicado, reiterado, como se ha dicho, por la jurisprudencia, citada sin 谩nimo exhaustivo y deducido de los preceptos del C贸digo civil que se citan en este motivo del recurso y que, por ello, se entiende que no han sido infringidos.

CUARTO.- En conclusi贸n, en contra del criterio de la Sala y respet谩ndolo plenamente, considero que las sentencias de instancia no han infringido las normas que se mencionan del C贸digo civil sino que, por el contrario, han seguido la jurisprudencia reiterada de la Sala sobre la cuesti贸n de las consecuencias econ贸micas de la ruptura de la uni贸n de hecho, de la que se aparta la sentencia de la que se disiente. En consecuencia, considero que deber铆a haber sido desestimado el recurso de casaci贸n.

Voto Particular

VOTO PARTICULAR

FECHA:doce de septiembre de dos mil cinco.

Que formulan los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo D. Jos茅 Ram贸n Ferr谩ndiz Gabriel y D陋 Encarnaci贸n Roca Trias para expresar su desacuerdo con la sentencia de la misma de fecha de 12 de septiembre de 2005. Nuestra respetuosa discrepancia con la decisi贸n de la mayor铆a no se refiere al sentido de la misma en la soluci贸n del conflicto objeto del recurso de casaci贸n, sino a la argumentaci贸n que le sirve de soporte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Ante la falta de regulaci贸n de la cuesti贸n relacionada con las parejas de hecho en algunos territorios del Estado, el Tribunal Supremo ha tenido que resolver diversos casos en los que se ha pedido una compensaci贸n a cargo de uno de los miembros de la pareja, a falta de acuerdo entre los mismos sobre las consecuencias de la ruptura. Para ello ha utilizado tres v铆as, que son fundamentalmente,

a) El enriquecimiento injustificado (sentencia de 11 de diciembre de 1992, pero rehusado en la sentencia de 16 de julio de 2002, considerando que ha sido absolutamente criticado por la doctrina)

b) La responsabilidad civil extracontractual (sentencia de 16 de diciembre de 1993)

c) La analog铆a con situaciones de ruptura matrimonial y la aplicaci贸n de las reglas que rigen esta ruptura en materia de vivienda (sentencia de 16 de diciembre de 1996) o pensi贸n compensatoria (sentencias de 7 de julio de 2001 y 16 de julio de 2002).

En cambio ha rechazado de una manera muy constante, la aplicaci贸n de r茅gimen de bienes (desde la sentencia de 21 de octubre de 1992 hasta la de 17 de enero de 2001), aun admitiendo el pacto sobre las consecuencias econ贸micas de la uni贸n.

La conclusi贸n a que lleva el estudio de las sentencias de esta Sala es que, al no haber ley reguladora de la situaci贸n que se produce ante la disoluci贸n de una convivencia de hecho, se han aplicado las reglas generales, de acuerdo con el mandato del art铆culo 1.7 CC y se ha acudido bien a la analog铆a legis (fundamentalmente sentencia de 16 de julio de 2002), o bien a los principios generales sobre la base del enriquecimiento injustificado (b谩sicamente en las sentencias de 11 de diciembre de 1992 y 5 de febrero de 2004). SEGUNDO. Una revisi贸n de las soluciones en Derecho comparado nos lleva a concluir que habi茅ndose superado el inicial prejuicio en contra de este tipo de uniones, existen dos grandes grupos de ordenamientos jur铆dicos: los que admiten el pacto formal entre convivientes y a partir de aqu铆, establecen unos determinados efectos, como ocurre en Francia, despu茅s de la Ley de 15 de noviembre de 1999, que introdujo el «pacto civil de solidaridad» (PACS), aunque mantuvo el concubinato como relaci贸n puramente de hecho, es decir, sin pacto formal, al que la jurisprudencia francesa ha reconocido s贸lo efectos cuando concurren los requisitos del enriquecimiento sin causa (sentencia de 15 de octubre de 1996). El otro modelo es el que se recoge en las legislaciones n贸rdicas y en Alemania, donde, por respeto a la libertad de las personas respecto al derecho a contraer matrimonio, se atribuyen a las uniones de hecho unos efectos m铆nimos que se ponen de manifiesto en la ruptura y que se aplican al margen de la voluntad de las partes. Este modelo, que no tiene mucho predicamento en Europa, ha inspirado las leyes 10/1998, de Catalu帽a y 18/2001, de las Islas Baleares, que recogen, sin embargo un esquema m谩s intervencionista .

TERCERO. Lo anterior demuestra que la soluci贸n al tema planteado no es f谩cil. Para encontrar una salida, hay que tener en cuenta antes que nada los principios constitucionales que se refieren a la familia, puesto que no debe olvidarse que en virtud del mandato constitucional, la familia que debe protegerse no es s贸lo la basada en el matrimonio, como afirma la STC 222/1992, aunque es evidente que como el propio Tribunal Constitucional asevera en la STC 184/1990, el matrimonio y la uni贸n de hecho no son realidades equivalentes, lo que significa que no puedan atribuirse a las parejas de hecho todos los efectos del matrimonio, mientras el legislador estatal no decida cu谩les ser谩n las consecuencias jur铆dicas de este tipo de uniones.

Pero es evidente que los Tribunales deben decidir los casos que se planteen, seg煤n la regla imperativa contenida en el art铆culo 1.7 CC., teniendo en cuenta que este Tribunal s贸lo puede pronunciarse respecto del caso que se ha sometido a su consideraci贸n, aunque para ello haya de tener en cuenta los principios constitucionales que se concretan en la libertad de los convivientes de pactar lo que estimen m谩s conveniente para la resoluci贸n de las relaciones que crea la convivencia y las consecuencias de la hipot茅tica ruptura y la no igualdad entre las situaciones de matrimonio y uni贸n de hecho. Aunque haya que tener en cuenta tambi茅n la consideraci贸n de «familia» que el Tribunal Constitucional ha atribuido a estas uniones a partir de la STC 222/1992.

De ah铆 que la falta de igualdad entre el matrimonio y la uni贸n de hecho conlleva que los convivientes no gocen de r茅gimen econ贸mico matrimonial, a no ser que pacten cualquier tipo de sistema al amparo del art铆culo 1255 C贸digo civil, de acuerdo con la libertad que tienen, no s贸lo para constituir la uni贸n, sino tambi茅n para atribuirle los efectos que consideren convenientes. Y tambi茅n que no puedan aplicarse autom谩ticamente las reglas que se refieren a la ruptura del matrimonio, salvo lo que diremos.

Estas consideraciones y el respeto a la libertad implican que no debe otorgarse autom谩ticamente una compensaci贸n cuando se produce la ruptura de la uni贸n de hecho, como tampoco ocurre en el matrimonio, sino que s贸lo si concurren los requisitos para ello, que ahora se examinar谩n, podr铆an ser tributarias de una atribuci贸n econ贸mica.

CUARTO. Sentado lo anterior como base para la argumentaci贸n que seguir谩 respecto del texto de la sentencia, cuyos razonamientos respetuosamente se combaten, pensamos que deber铆a considerarse que, en ciertos casos, pueden aplicarse reglas relativas a los efectos de la ruptura matrimonial y m谩s concretamente las que regulan el derecho a una pensi贸n compensatoria, sin necesidad de utilizar las reglas del enriquecimiento injustificado, que no siempre ser谩n el remedio m谩s adecuado para solucionar el problema planteado.

Tampoco nos parece justificado recurrir a una integraci贸n mediante la analog铆a iuris, como sostiene la mayor铆a al argumentar su decisi贸n, ante la dificultad de encontrar la necesaria identidad de raz贸n entre matrimonio y uni贸n de hecho, salvo que quede referida a normas concretas, en este caso al art铆culo 97 CC, que contempla como supuesto de hecho la realidad de la ruptura de una relaci贸n estable, permitiendo, en este reducido 谩mbito, afirmar la similitud relativa que justifica el m茅todo de integraci贸n, sin necesidad de sostener la semejanza entre dos instituciones que son distintas en abstracto y, normalmente, en la voluntad de los propios interesados.

De aqu铆 que la aplicaci贸n de una regla prevista para las consecuencias de la ruptura matrimonial, como es la pensi贸n compensatoria, no significa necesariamente aplicar anal贸gicamente las reglas del matrimonio, ni tampoco las del enriquecimiento injustificado. Existen tres razones para llegar a esta conclusi贸n:

a) Que solo se contempla la ruptura del matrimonio o la disoluci贸n de la uni贸n de hecho.

b) Que existe una semejanza evidente entre la ruptura del matrimonio y la disoluci贸n de la uni贸n de hecho, aunque hay una diferencia esencial: la falta de r茅gimen econ贸mico en estas situaciones no formales, que sin embargo, puede semejarse al caso que se haya pactado un r茅gimen de separaci贸n de bienes.

c) Que la compensaci贸n, independientemente del enriquecimiento injustificado, est谩 ya contemplada en otros supuestos, adem谩s del art铆culo 97 CC: el art铆culo 98 CC que aplica el mismo principio de compensaci贸n en la nulidad del matrimonio, es decir cuando no ha habido relaci贸n matrimonial por concurrir causa de nulidad, y el art铆culo 1438 CC cuando existe r茅gimen de separaci贸n de bienes, es decir, falta de comunidad o lo que es lo mismo, lo m谩s parecido a la falta de r茅gimen.

QUINTO. En todos los casos regulados en las disposiciones citadas hay tres elementos que existen tambi茅n en las situaciones de uniones de hecho y que son: a) la cesaci贸n de la convivencia; b) el posible perjuicio que esta cesaci贸n produce en una de las partes de la relaci贸n, ya sea matrimonial o no matrimonial, y c) la comparaci贸n de la situaci贸n resultante con la existente durante el matrimonio o la convivencia de hecho. S贸lo cuando se den estas circunstancias podr谩 acordarse la compensaci贸n.

Estos requerimientos no deben confundirse con los que esta Sala ha exigido reiteradamente como requisitos del enriquecimiento injustificado, que se han manifestado en diversas sentencias y que, como ejemplo decisivo en su aplicaci贸n a la ruptura de las relaciones de hecho, se repiten y analizan de forma muy exacta en la sentencia de 11 de diciembre de 1992 y que debemos recordar aqu铆: a) aumento del patrimonio del enriquecido; b) correlativo empobrecimiento del actor; c) falta de causa que justifique el enriquecimiento, y d) inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicaci贸n de tal principio.

Los requisitos del enriquecimiento, pues, difieren substancialmente de los que el C贸digo civil exige en los art铆culos 97 y 1438 para que pueda operar la compensaci贸n. Y aunque no negamos que puedan existir casos en los que la convivencia haya producido un enriquecimiento que pueda calificarse de injustificado, pensamos que no deben confundirse los dos institutos: a) la compensaci贸n por el perjuicio que la ruptura produce en una de las partes de la uni贸n, se refiere s贸lo a la comparaci贸n entre la situaci贸n mantenida durante la convivencia y la que produce la ruptura misma; no supone aumentos patrimoniales y puede concurrir, por ejemplo, entre otros, en los casos de p茅rdida de costos de oportunidad. Concurriendo estos requisitos, podr铆a aplicarse a la ruptura de la pareja de hecho por analog铆a con el r茅gimen previsto para la ruptura del matrimonio en el art铆culo 97 C贸digo civil; b) En cambio, el enriquecimiento injustificado supone un aumento patrimonial en uno de los convivientes a costa del otro y puede llegar a producirse si concurren los requisitos que esta Sala ha exigido de forma uniforme y reiterada en numerosa jurisprudencia, de manera que s贸lo si concurren estas exigencias podr谩 acordarse la indemnizaci贸n por este t铆tulo.

Por ello discrepamos respetuosamente de la argumentaci贸n contenida en la sentencia, que podr铆a inducir a la interpretaci贸n de que esta Sala usa como t茅rminos equiparables la compensaci贸n y el enriquecimiento injustificado, siendo as铆 que deben ser distinguidos por los argumentos que se han formulado, estando de acuerdo, como hemos dicho al inicio de este voto particular, con el fallo, porque consideramos que, de la prueba aportada en los autos, no puede deducirse que concurran los requisitos para que pueda otorgarse la compensaci贸n pedida.

PUBLICACI脫N.- Le铆da y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Ponente que ha sido en el tr谩mite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia P煤blica la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el d铆a de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Si quieres saber m谩s sobre estos temas mira nuestros v铆deospinchando aqu铆

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One Response to Hay pension compensatoria cuando rompes con tu pareja y eres pareja de hecho

  1. Guillermo dice:

    Tengo que pasar pensi贸n compensatoria a mi c贸nyuge si nos divorciamos?. Ella no ha trabajado todav铆a durante el matrimonio, gracias.

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