{"id":2153,"date":"2013-06-25T08:13:14","date_gmt":"2013-06-25T08:13:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.safeabogados.com\/blog\/?p=2153"},"modified":"2020-04-15T15:48:35","modified_gmt":"2020-04-15T15:48:35","slug":"mi-ex-no-me-paga-la-pension-cuando-es-un-delito-y-puede-ir-a-la-carcel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.safeabogados.com\/blog\/mi-ex-no-me-paga-la-pension-cuando-es-un-delito-y-puede-ir-a-la-carcel\/","title":{"rendered":"Mi ex no me paga la pensi\u00f3n. Cu\u00e1ndo es un delito y puede ir a la c\u00e1rcel"},"content":{"rendered":"

Cuando en una sentencia dice que tu ex, tiene que pagar una pension de alimentos o compensatoria de 200\u20ac al mes y ex, deja de pagarlo uno y otro mes, porque se ha ido al paro, \u00a0tiene que interponer una modificacion de medidas ante el juez, para lo cual necesita abogado y procurador. SOLO PUEDES DEJAR DE PAGAR LA PENSION DE ALIMENTOS O REDUCIR LO QUE PAGAS, CUANDO UN JUEZ ASI LO DIGA EN SENTENCIA.<\/span><\/strong><\/p>\n

Si tu ex por ejemplo deja de pagar la pension tanto la de alimentos como compensatoria, tienes dos opciones.<\/p>\n

a) Ir al juzgado con abogado y procurador y solicitar la ejecucion de la sentencia via civil<\/strong> que es la via mas facil para cobrar lo que te deben<\/p>\n

b) Ir al juzgado y denunciar por la via penal,<\/strong> sin abogado y procurador, pero que tarda una media de 2 a\u00f1os en resolverse, y si se demuestra que tu ex no paga no porque no quiere, sino porque no tiene, no sirve absolutamente para nada.<\/p>\n

Asi que dicen los juzgados a este respecto.<\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con el delito de abandono de familia tipificado en el art\u00edculo 227 del C\u00f3digo Penal, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 13 de febrero de 2001 ( RJ 2001, 2497) <\/span>, se\u00f1ala:<\/p>\n

\u00abEl delito del art\u00edculo 227.1\u00ba del C\u00f3digo Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) <\/span>se configura como un delito de omisi\u00f3n que exige como elementos esenciales:<\/p>\n

A) La existencia de una resoluci\u00f3n judicial firme dictada en proceso de separaci\u00f3n, divorcio, nulidad matrimonial, filiaci\u00f3n o alimentos, que establezca la obligaci\u00f3n de abonar una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica en favor del c\u00f3nyuge o de sus hijos; sin que sea preciso que a tal derecho de cr\u00e9dito acompa\u00f1e una situaci\u00f3n de necesidad vital por parte del beneficiario de la prestaci\u00f3n.<\/p>\n

B) La conducta omisiva consistente en el impago reiterado de esa prestaci\u00f3n econ\u00f3mica durante los plazos exigidos en el precepto legal, es decir, dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos \u2013frente a los tres y seis meses respectivamente que establec\u00eda el art. 487 bis CP\/1973 ( RCL 1973, 2255) <\/span>\u2013; conducta \u00e9sta de omisi\u00f3n cuya realizaci\u00f3n consuma el delito por serlo de mera actividad sin necesidad de que de ello derive ning\u00fan resultado perjudicial complementario del que ya es inherente a la falta misma de percepci\u00f3n de la prestaci\u00f3n establecida.<\/p>\n

C) La necesaria culpabilidad del sujeto dentro de los inexcusables principios culpabil\u00edsticos del art\u00edculo 5 del C\u00f3digo Penal, con la concurrencia, en este caso de omisi\u00f3n dolosa (art. 12 CP), del conocimiento de la obligaci\u00f3n de pagar y de la voluntariedad en el impago; voluntariedad que resulta inexistente en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestaci\u00f3n debida. En tal sentido esta Sala ya declar\u00f3 en Sentencia de 28 de julio de 1999 ( RJ 1999, 6663) <\/span>que el precepto penal aplicado (art. 227 CP\/1995) ha sido doctrinalmente criticado desde diversas perspectivas. La m\u00e1s relevante, porque podr\u00eda determinar su inconstitucionalidad, es la de que supusiese una forma encubierta de \u00abprisi\u00f3n por deudas\u00bb. Ahora bien la prisi\u00f3n por deudas se encuentra expresamente prohibida por el art\u00edculo 11 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Pol\u00edticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966 ( RCL 1977, 893) <\/span>(BOE 30 de abril de 1977), que dispone que \u00abnadie ser\u00e1 encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligaci\u00f3n contractual\u00bb, precepto que se integra en nuestro Ordenamiento Jur\u00eddico, conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 10.2\u00ba y 96.1\u00ba de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola ( RCL 1978, 2836) <\/span>. Esta norma obliga a excluir de la sanci\u00f3n penal aquellos supuestos de imposibilidad de cumplimiento (\u00abno poder cumplir\u00bb), soluci\u00f3n a la que ha de llegarse igualmente desde la perspectiva de la cl\u00e1usula general de salvaguardia propia de los comportamientos omisivos, conforme a la cual el delito \u00fanicamente se comete cuando se omite la conducta debida pudiendo hacerla.<\/p>\n

2.\/ Lo anteriormente expuesto ha de completarse en un doble sentido:<\/p>\n

A) En los casos de cumplimiento parcial del d\u00e9bito econ\u00f3mico debe rechazarse cualquier formal automatismo que convierta en acci\u00f3n t\u00edpica todo lo que no sea un \u00edntegro y total cumplimiento de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica. La antijuridicidad material de la conducta \u2013y no s\u00f3lo la antijuridicidad formal de su subsunci\u00f3n t\u00edpica\u2013 exige la sustancial lesi\u00f3n del bien jur\u00eddico protegido. De ah\u00ed que ni todo abono parcial de la deuda conduce a la atipicidad de la conducta, ni \u00e9sta se convierte en delictiva cuando lo insatisfecho es de tan escasa importancia en relaci\u00f3n con lo pagado que resulta irrelevante para integrar el delito del art\u00edculo 227.1\u00ba del C\u00f3digo Penal. Tal cuesti\u00f3n habr\u00e1 de determinarse en caso concreto en funci\u00f3n de las circunstancias concurrentes, excluyendo interpretaciones que supongan la consagraci\u00f3n de la prisi\u00f3n por deudas con olvido de que en definitiva se trata de una modalidad t\u00edpica del \u00ababandono\u00bb de familia.<\/p>\n

B) En segundo lugar, de la inexistencia del delito en los casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusaci\u00f3n deba probar, adem\u00e1s de la resoluci\u00f3n judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resoluci\u00f3n que establezca la prestaci\u00f3n, y siendo susceptible de actualizaci\u00f3n o alteraci\u00f3n por modificaci\u00f3n de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisi\u00f3n. Ahora bien: esto no obsta la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acredit\u00e1ndose as\u00ed la ausencia de dolo en el impago de la prestaci\u00f3n debida\u00bb.<\/p>\n

Igualmente otras sentencias dicen<\/span><\/p>\n

El acusado ha acreditado la imposibilidad del pago de la pensi\u00f3n, am\u00e9n de que a su vez tiene otro hija que tal como consta en las actuaciones tiene un delicado estado de salud, gener\u00e1ndole otros gastos. Todo ello nos lleva necesariamente a la misma conclusi\u00f3n que la Juzgadora de Instancia, no existe una voluntad deliberada del acusado de incumplir la pensi\u00f3n alimenticia, sino que se debe a su mal estado econ\u00f3mico, acreditado igualmente en el sentido de que el mismo se ha visto incurso en un procedimiento de desahucio por impago de la renta de la vivienda que habita. Los medios econ\u00f3micos de que dispone son claramente insuficientes para atender la pensi\u00f3n de alimentos a favor de la hija menor, sin menoscabo de su integridad f\u00edsica ya que de abonar cualquier cantidad de pensi\u00f3n alimenticia dejar\u00eda de atender a sus m\u00e1s elementales necesidades de subsistencia, raz\u00f3n por la que el incumplimiento de las mencionadas prestaciones alimenticias no puede constituir el delito tipificado en el art. 227 del C\u00f3digo Penal en aplicaci\u00f3n de los principios de presunci\u00f3n de inocencia y del \u00abin dubio pro reo\u00bb que no han quedado desvirtuados por las pruebas practicadas por la acusaci\u00f3n particular en el acto del juicio, pues pese a que la misma ha impugnado la sentencia de instancia, no ha acreditado que el acusado tenga medios suficientes para satisfacer la pensi\u00f3n a la que ven\u00eda obligado judicialmente y de otro lado la documental incorporada con el escrito de interposici\u00f3n del recurso no puede ser valorada puesto que la misma ha sido presentada extempor\u00e1neamente sin que se encuentre en uno de los supuestos previstos en el antiguo art. 795-3 actual 790-3 de LECrim ( LEG 1882, 16) <\/span>, pues a\u00fan cuando la fecha de su expedici\u00f3n es posterior al dictado de la sentencia, su contenido viene referido a hechos anteriores, por lo que la parte lo debi\u00f3 proponer y practicar en primera instancia y tampoco acreditan que con ello el acusado pudiera hacer frente a sus obligaciones de abonar la pensi\u00f3n a favor de la hija establecida judicialmente.<\/p>\n

\u00a0Es decir que cada caso es un mundo, y hay que ir bien preparado y estar asesorado por abogados especializados en derecho de familia, para evitar gastos que no van a llevar a nada<\/span><\/p>\n

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