Cuando existen menores o incapaces que no estén sujetos a patria potestad el ordenamiento jurídico ha creado tres instituciones de guarda y protección: la tutela, la curatela y el defensor judicial.
Por su parte, el defensor judicial interviene en aquellos casos en los que legalmente se presume que existe el riesgo de que las personas que ostentan la patria potestad, tutela o curatela, velen más por sus propios intereses que por los de aquellos a quienes protegen.

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